La SBS dispuso la intervención y posterior liquidación del Banco de la Industria de la Construcción (BIC) por insolvencia, ocasionada por créditos otorgados a las empresas del Grupo Vulcano sin las garantías adecuadas. A través del BCRP, el Estado peruano realizó aportes de capital para reflotar el banco y cubrir los fondos de ahorristas, pero la falta de control permitió el desvío de esos fondos hacia operaciones especulativas, sin que el estado pudiera recuperar lo aportado.