Memoria y Ciudadania

Se desviaron ilegalmente fondos provenientes de la privatización de empresas públicas. Se debilitó la capacidad disuasiva y defensiva de las fuerzas armadas porque se adquirió armamento y pertrechos de mala calidad. Se favoreció la formación de organizaciones criminales para apropiarse de recursos de Defensa e Interior.

Este caso motivó la renuncia del Segundo Vicepresidente de la República, a menos de un año de la elección del presidente ollanta Humala; así como, la destitución de altos mandos de la Policía Nacional.

Afectación de la calidad de educación básica regular de los estudiantes de la institución educativa. Con los fondos desviados, el Estado podría haber atendido la cobertura anual de 1,060 niños en educación inicial y de 926 alumnos de educación secundaria rural.

Se modificó la normatividad para facilitar la compra sobrevaluada en perjuicio del Estado. Los miembros del Directorio del Banco de la Nación no cumplieron su función de control y el Estado peruano terminó vinculado a operaciones con una entidad financiera vinculada al crimen organizado internacional.

La SBS dispuso la intervención y posterior liquidación del Banco de la Industria de la Construcción (BIC) por insolvencia, ocasionada por créditos otorgados a las empresas del Grupo Vulcano sin las garantías adecuadas. A través del BCRP, el Estado peruano realizó aportes de capital para reflotar el banco y cubrir los fondos de ahorristas, pero la falta de control permitió el desvío de esos fondos hacia operaciones especulativas, sin que el estado pudiera recuperar lo aportado.

Afectación de la producción y comercio nacional. Fraude contra los ingresos tributarios.