Investigación sobre las irregularidades en el proceso de transferencia y tráfico de terrenos y bienes inmuebles,de propiedad pública o privada, que eran desviados hacia operadores de una red criminal liderada por el abogado Rodolfo Orellana, con la complicidad de funcionarios públicos, notarios, registradores, arbitros judiciales, entre otros. Esta red comprometió altos niveles del Sistema de Justicia, como el propio Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entidad encargada de nombrar jueces y fiscales en el país.