Las investigaciones muestran cómo, al descubrirse la red de interceptaciones teléfonicas que operaban ilegalmente desde Bussines Track (BTR), altos funcionarios del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público actuaron para influir en el manejo de la colaboración eficaz, impedir la investigación a la Marina de Guerra y el uso indebido de la información obtenida a través de la interceptación.